Hay momentos en los que la política exige levantar la mirada y reconocer qué está en juego para nuestra gente. Momentos en los que las diferencias deben encontrar un cauce de entendimiento y las legítimas identidades políticas deben ponerse al servicio de una responsabilidad compartida. Para Canarias, el próximo 29 de noviembre representa una oportunidad para defender los derechos sociales, fortalecer lo público y reclamar una mayor capacidad para decidir sobre nuestro presente y nuestro futuro.
Desde mis convicciones canaristas y de izquierdas, quiero expresar con claridad mi apoyo a la candidatura de Unidad del Pueblo Canario al Congreso de los Diputados y a la candidatura del Frente Amplio al Senado. Entiendo ambos apoyos como parte de un mismo compromiso: contribuir a que nuestro pueblo tenga una voz propia, firme y comprometida con la justicia social en las Cortes Generales.
Una voz que nazca de esta tierra, conozca sus dificultades y lleve consigo las preocupaciones de quienes la habitan. Una representación que vincule la defensa de Canarias con la vida cotidiana de las personas que trabajan, cuidan, estudian, buscan una vivienda o esperan una respuesta de los servicios públicos.
Apoyar a Unidad del Pueblo Canario al Congreso significa, para mí, apostar por una representación que haga de Canarias el origen de sus decisiones y el lugar al que rendir cuentas. Nuestro archipiélago necesita capacidad de iniciativa política y una agenda propia que no dependa de cuándo nuestros problemas resulten convenientes para el debate estatal.
Las dificultades que atravesamos tienen nombres concretos: salarios que no alcanzan, alquileres que expulsan a las familias de sus barrios, jóvenes que encuentran más oportunidades fuera de su tierra, servicios públicos sometidos a una presión creciente y un territorio que soporta los límites de un modelo económico profundamente desigual.
A ello se añaden la dependencia alimentaria y energética, los sobrecostes de la insularidad y las diferencias entre islas. Son realidades que deben ocupar un lugar central en las decisiones sobre financiación, inversiones, legislación y derechos sociales.
Quiero una voz canaria en el Congreso que defienda a quienes viven de su trabajo; que reclame una financiación suficiente para nuestros servicios públicos; que impulse respuestas al problema de la vivienda y que entienda que proteger el territorio también es proteger las posibilidades de las próximas generaciones.
Ese es el sentido de mi apoyo a Unidad del Pueblo Canario: contribuir a construir una representación en la que la identidad de nuestro pueblo y las necesidades materiales de nuestra gente caminen juntas.
Mi apoyo a la candidatura del Frente Amplio al Senado responde a esa misma voluntad de sumar fuerzas. La pluralidad progresista de Canarias debe ser capaz de encontrar objetivos compartidos y traducirlos en una representación útil para el archipiélago.
El Senado, como cámara de representación territorial, debe escuchar con fuerza las necesidades de una tierra fragmentada por el mar. La residencia en una isla u otra condiciona demasiadas veces el acceso a tratamientos sanitarios, estudios, transportes y oportunidades laborales. Corregir esas desigualdades exige compromiso político, recursos y una defensa constante de nuestra realidad.
La candidatura del Frente Amplio debe servir para reunir sensibilidades distintas alrededor de esas prioridades. Su fortaleza estará en el respeto mutuo, en la participación y en la capacidad de construir una propuesta que la ciudadanía reconozca como propia.
La unidad merece la pena cuando permite avanzar. Cuando ayuda a defender un servicio público, garantizar un derecho o conseguir que una necesidad desatendida encuentre respuesta. Ese es el acuerdo que apoyo: el que se construye desde Canarias y adquiere sentido en la vida de su gente.
Apoyar a Unidad del Pueblo Canario al Congreso y al Frente Amplio al Senado expresa una voluntad política coherente: fortalecer la presencia de Canarias y contribuir a una mayoría capaz de ampliar derechos y combatir las desigualdades.
Cada candidatura tiene su espacio y su responsabilidad. Mi apoyo a ambas nace de la convicción de que el canarismo de izquierdas debe trabajar para que nuestra tierra gane capacidad de decisión y nuestra gente viva mejor.
La soberanía se concreta también en la posibilidad de acceder a una vivienda, producir una mayor parte de nuestros alimentos, desarrollar energías renovables con participación social y decidir qué actividades económicas queremos impulsar y qué territorio debemos preservar.
Un pueblo gana libertad cuando dispone de herramientas para orientar su futuro. Y esa libertad necesita una base material: educación, salud, trabajo digno, cuidados y oportunidades.
Por eso, defender Canarias exige preguntarse cómo se distribuye la riqueza que se genera aquí, quién soporta los costes del modelo económico y qué decisiones permitirían mejorar la vida de la mayoría.
La sanidad, la educación, la dependencia, las pensiones y los servicios sociales sostienen la dignidad de miles de familias. Son derechos que deben poder ejercerse con independencia de los ingresos o del lugar de residencia.
Como maestro, conozco el valor de una escuela pública que acompaña al alumnado y trata de ofrecer oportunidades desde realidades familiares muy diferentes. Como persona que ha trabajado en los servicios sociales, sé lo que significa que una ayuda llegue a tiempo, que una familia encuentre apoyo o que una persona mayor reciba los cuidados que necesita.
Detrás de cada presupuesto hay vidas concretas. Hay profesionales que necesitan medios para atender adecuadamente y personas que no pueden seguir esperando.
En Canarias, reforzar lo público implica además garantizar la cohesión entre nuestras islas. La igualdad requiere tener en cuenta cuánto cuesta prestar los servicios en cada territorio y qué recursos hacen falta para que los derechos sean efectivos.
Ese debe ser un compromiso esencial de quienes aspiren a representarnos: defender una financiación suficiente, mejorar la gestión y exigir transparencia, poniendo siempre el interés general en el centro.
Ante las políticas de la derecha y la ultraderecha, la izquierda tiene la responsabilidad de ofrecer respuestas claras. La defensa de los derechos laborales, la igualdad entre mujeres y hombres, la protección social y la convivencia democrática exige propuestas y voluntad de llevarlas adelante.
El malestar de la ciudadanía necesita soluciones. La dificultad para encontrar vivienda, la precariedad o la saturación de los servicios públicos no se resuelven enfrentando a unas personas con otras ni señalando a quienes se encuentran en una situación más vulnerable.
Se resuelven con políticas públicas, con una distribución más justa de la riqueza y con instituciones capaces de responder a las necesidades de la población.
El canarismo de izquierdas que defiendo reconoce la dignidad de todas las personas y entiende la pertenencia a esta tierra como una responsabilidad compartida. Quiere una Canarias que cuide a su gente, proteja sus raíces y construya convivencia.
Expresar mi apoyo a estas candidaturas supone también pedirles compromiso, participación y coherencia. La confianza ciudadana debe cuidarse durante toda la legislatura, escuchando a las organizaciones sociales, al sindicalismo, al feminismo, al ecologismo, a los movimientos vecinales, a las entidades deportivas, a las entidades culturales, a las AMPAS y a quienes sostienen nuestros barrios y pueblos.
Las candidaturas deben mantener un vínculo vivo con esa realidad. Escuchar, explicar sus decisiones y rendir cuentas. La unidad se fortalece cuando las personas comprueban que su participación sirve y que sus problemas siguen presentes después de las elecciones.
Canarias necesita representantes que conozcan el esfuerzo de quienes levantan cada día una persiana, trabajan la tierra, pastorean en nuestra medianía y cumbres, salen a la mar, atienden a una persona dependiente o encadenan empleos sin lograr estabilidad.
Es ahí donde debe medirse la utilidad de la política.
Mi apoyo, desde la convicción
El 29N apoyaré a Unidad del Pueblo Canario al Congreso y al Frente Amplio al Senado porque quiero contribuir a una Canarias con voz propia, mayor capacidad de decisión y un compromiso firme con la justicia social.
Lo haré desde mis convicciones, con esperanza y con la exigencia de que cada representación obtenida sirva para defender los derechos de nuestro pueblo.
Quiero que Canarias esté presente cuando se decida sobre la vivienda, los salarios, las pensiones, la financiación o la protección de nuestro territorio. Que sus necesidades se escuchen y sus propuestas encuentren espacio. Que nuestra gente pueda construir aquí una vida digna y que nuestros hijos e hijas puedan elegir quedarse.
Ese es el horizonte que da sentido a mi apoyo: Una Canarias que decida más, reparta mejor la riqueza y cuide a su gente.
Diego Ojeda Ramos fue concejal del Ayuntamiento de Telde.
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