En las Islas Canarias, la falta de efectivos en los cuerpos de Policía Local se ha convertido en una problemática creciente y preocupante. Según cifras proporcionadas por el Gobierno de Canarias, existe un déficit de más de 900 policías locales en la región. Sin embargo, los sindicatos elevan aún más la alarma, estimando que la cifra real podría superar los 2.500 efectivos faltantes. En la actualidad, aproximadamente 3.000 agentes se encuentran en activo, una plantilla insuficiente para atender las necesidades de seguridad en todos los municipios del archipiélago.
Esta carencia de policías locales es especialmente crítica en los municipios más pequeños, donde se registra una situación alarmante. En lugares como El Pinar, ubicado en la isla de El Hierro, no hay presencia de policía local, dejando a la comunidad sin una fuerza de seguridad local en situaciones de emergencia.
Un caso preocupante se presenta en Firgas, situado en la isla de Gran Canaria, donde un solo Policía Local se ve desbordado por una población de aproximadamente 7.500 habitantes. Esto representa una grave disparidad con respecto a la ley vigente, que establece que debería haber 1,8 policías locales por cada 1.000 habitantes. En Tejeda, otro municipio de Gran Canaria, la situación no es mejor, ya que cuentan únicamente con un agente para una población de aproximadamente 1.800 habitantes, y esta carencia se ha mantenido durante más de cinco años.
Ante esta crítica escasez de efectivos en la Policía Local, tanto la Federación Canaria de Municipios (Fecam) como el Gobierno de Canarias han reconocido la necesidad urgente de reformar la Ley de Coordinación de Policías Locales de Canarias, que data del año 1997 y que hasta ahora solo ha experimentado modificaciones puntuales.
La Fecam propone la creación de plazas de policías locales interinos como una medida para paliar el déficit, aunque este punto ha generado controversia y es rechazado por los sindicatos. La reforma de la legislación y la búsqueda de soluciones efectivas se han convertido en prioridades para abordar esta crítica situación en Canarias y garantizar la seguridad y protección de sus habitantes.
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