En Canarias, este año se ha visto un preocupante escenario para los jóvenes con discapacidad, ya que cerca de un centenar de ellos han tenido que dejar las aulas de los institutos públicos al cumplir los 21 años, la edad máxima permitida para la escolarización en el sistema educativo. Entre los afectados se encuentra Jason, quien finalizó su último año escolar en marzo, pero no pudo continuar su educación después de alcanzar la edad límite.
Su madre, Mariola Rodríguez, ha manifestado su angustia por la falta de respuesta por parte de las autoridades, dado que solicitó una plaza en un centro ocupacional para su hijo desde enero, sin obtener ningún tipo de comunicación al respecto. Además, lamenta que la salud de Jason se ha deteriorado, lo que la ha llevado a medicarlo, sin acceso a los servicios adecuados.
Esta situación también afecta a más de 60 familias que son parte de la plataforma "¿Y ahora qué hacemos?" Ruth Santana, portavoz de la asociación, ha explicado que están exigiendo no solo más plazas públicas en centros ocupacionales, sino también la creación de un "servicio de urgencia" destinado a atender a las familias con hijos con discapacidad que salen del sistema educativo. Santana subraya la urgencia de una respuesta inmediata, ya que la sobremedicación de estos jóvenes se ha convertido en un problema grave.
Uno de los obstáculos principales que enfrentan estas familias es la larga lista de espera para obtener una plaza en un centro ocupacional, que puede extenderse a varios años. Ruth Santana, cuya hija Texeida está en una lista de espera de más de tres años, enfatiza la desesperación que sienten las familias ante la falta de recursos disponibles.
El consejero de Educación, Poli Suárez, ha prometido buscar una solución que permita a estos jóvenes continuar su educación después de los 21 años hasta que se encuentre un recurso adecuado. Sin embargo, este desafío es complejo, ya que propuestas similares presentadas anteriormente fueron rechazadas por la Consejería de Educación.
Actualmente, la Consejería de Educación está evaluando un "proyecto piloto" que involucra a diversas consejerías, incluida la de Bienestar Social, supervisada por la Dirección General de Discapacidad. Este proyecto busca la utilización de espacios educativos alternativos y la búsqueda de soluciones para aquellos jóvenes con discapacidad que tienen un mayor grado de autonomía y pueden cursar la Formación Profesional adaptada.
Es esencial recordar que en las Islas Canarias, más de 32,400 estudiantes presentaban el pasado año Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) o Necesidades Educativas Especiales (NEE). Según el Consejo Escolar de Canarias, después de la etapa básica, el 70% del alumnado con necesidades especiales "desaparece" del sistema educativo, lo que subraya la urgencia de encontrar soluciones efectivas para la continuidad de la educación de estos jóvenes con discapacidad.
