El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, anunció en una declaración realizada este miércoles, que su departamento ya está inmerso en la elaboración de un protocolo de protección civil destinado a atender posibles situaciones de apagones eléctricos totales en las Islas, tras la reciente declaración de "emergencia energética" aprobada en el Consejo de Gobierno el pasado lunes.
Esta medida responde a la necesidad de prever y estar preparados ante situaciones similares a la ocurrida este verano en La Gomera y a la situación precaria del parque de producción eléctrica en el archipiélago canario. Manuel Miranda subrayó la importancia de evaluar adecuadamente todos los escenarios posibles y de contar con una respuesta eficiente en caso de un nuevo apagón. Además, durante su visita al Centro de Coordinación de Emergencias y Seguridad (CECOES) – 112 en Las Palmas de Gran Canaria, destacó la relevancia de estar preparados para mantener los servicios esenciales y la seguridad de la población en caso de una emergencia energética.
Este protocolo se desarrollará en el marco del Plan Territorial de Protección Civil de Canarias (PLATECA) y abordará la gestión de las emergencias relacionadas con la afectación de suministros básicos como la electricidad, el agua o las telecomunicaciones. El objetivo es garantizar los servicios fundamentales que sustentan la operatividad de los grupos de acción, la alimentación, la salud y el acceso a medicamentos durante situaciones de emergencia.
La redacción del nuevo protocolo será liderada por el área de Emergencias y coordinada por la Viceconsejería de Cohesión Territorial, que asumirá la planificación y desarrollo normativo en esta materia durante esta legislatura, incluyendo la revisión y actualización del PLATECA. Se espera que un primer borrador del protocolo esté listo antes de que finalice el año, para posteriormente ser presentado ante la Comisión Autonómica de Protección Civil.
Entre los contenidos que abordará el protocolo se encuentran la evaluación de riesgos, criterios de operatividad para la declaración de situaciones de prealerta, alerta y emergencia, y la definición de criterios para priorizar el suministro de servicios básicos en casos de emergencia. Esta iniciativa representa un paso importante hacia la preparación y respuesta eficiente ante posibles crisis energéticas en Canarias.
