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El Gobierno de Canarias ha anunciado la eliminación del requisito de realizar 15 viajes al mes para poder disfrutar del transporte público de manera gratuita. María Fernández, directora general de Transportes, calificó como "caprichoso" el límite establecido por el anterior Ejecutivo autonómico y comunicó la decisión a los cabildos en una reunión de la mesa interadministrativa del Transporte.
A partir de ahora, en lugar de la cantidad fija de viajes, se exigirá que aquellos que se beneficien de la iniciativa sean usuarios "habituales" del transporte público vinculado a los bonos. Fernández destacó que serán los cabildos los encargados de determinar la fórmula para mantener la subvención y controlar a los "viajeros habituales".
La directora general convocó la reunión para analizar la continuidad de la gratuidad del transporte público terrestre, aprobada por el Gobierno de España a finales de 2023. Presentó un estudio sobre el impacto de la medida, señalando que el requisito de 15 viajes generó un efecto pernicioso en los usuarios y no tuvo en cuenta el dimensionamiento del transporte en las diferentes islas.
Fernández argumentó que la limitación provocó numerosos "viajes en vacío" y que la subvención de Madrid, no vinculada a un número concreto de viajes, invadió las competencias de los cabildos en la planificación de movilidad.
Además, se abordó el compromiso del Gobierno de actualizar el coste real de la subvención, que ha experimentado un aumento del 44% en el número de usuarios. Se estima que el coste real puede aumentar en otros 60 a 70 millones de euros, prácticamente duplicando la cifra inicial de 81 millones habilitada por el Estado.
Transportes ha solicitado a los cabildos los datos de cierre de año de sus concesionarias para respaldar este estudio y presionar ante Madrid para la actualización de los costes. La medida está incluida en un decreto del Consejo de Ministros, y ante la posibilidad de que no sea convalidado en el Congreso, Fernández instó a mantener la presión sobre el Estado, ya que la medida estaba contemplada en los presupuestos y garantizada en un pacto de gobernabilidad.
