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La Consejería de Educación implementa medidas para limitar el uso de teléfonos móviles durante la jornada escolar en todos los niveles educativos.

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha decidido poner fin al debate sobre el uso de móviles en las escuelas, alcanzando un acuerdo consensuado con la comunidad educativa para apagar todos los dispositivos durante la jornada escolar, incluyendo el recreo y las actividades extraescolares. La medida, efectiva en los próximos días, aplica a estudiantes de infantil y educación obligatoria (primaria, ESO y FP básica).




El consejero de Educación, Poli Suárez, anunció la resolución diseñada para establecer un "marco regulatorio básico común" en las islas. La nueva normativa permite el uso exclusivamente didáctico de los móviles, bajo la supervisión del profesorado, y solo en casos imprescindibles para el desarrollo de la programación educativa.


Suárez destacó que se permitirá el uso excepcional del móvil como herramienta didáctica en la secundaria obligatoria y formación profesional básica. En estos casos, los centros deberán garantizar que todos los alumnos cuenten con los dispositivos necesarios en coordinación con las familias. También se autoriza el uso por razones médicas excepcionales, debidamente acreditadas.


La medida es voluntaria para centros privados o concertados, que podrán adaptarla considerando su autonomía y regulación específica. En caso de incumplimiento, los centros podrán aplicar medidas correctoras educativas, como la retirada temporal del dispositivo.


Suárez señaló que la gestión de la medida queda a criterio de cada centro, ya sea obligando a apagar y guardar los móviles en la mochila o proporcionando taquillas para su custodia. La resolución será enviada a todos los centros educativos y entrará en vigor tras su publicación en la página web de la Consejería.


La Consejería también estará atenta a las consideraciones que el Ministerio de Educación pueda presentar en la reunión con las comunidades autónomas, destacando la importancia de crear un marco regulatorio común que proteja a los estudiantes y evite distracciones que afecten su desarrollo académico.




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