El Seprona de la Guardia Civil ha llevado a cabo la 'Operación Domos', investigando a 136 personas por delitos contra la ordenación del territorio en Gran Canaria. La investigación, iniciada a principios de 2023, reveló un aumento de construcciones en áreas prohibidas.
Los principales promotores utilizaban un nuevo modus operandi: adquirían fincas rústicas a bajo precio, las segregaban y parcelaban para luego venderlas a un valor más alto, con la creencia falsa de que las construcciones serían legalizadas por prescripción. Además, proporcionaban servicios como cerramientos exteriores y suministro de agua, facilitando la construcción de edificaciones residenciales.
Estas construcciones ilegales han creado núcleos poblacionales sin los servicios básicos, generando problemas de gestión de residuos y accesibilidad. Además, afectan a propietarios de viviendas legales, reduciendo sus servicios y calidad de vida.
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