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Solución Extrema en el Puerto: Gran Canaria Apela a una Central Eléctrica Flotante para Evitar el "Cero Energético".

 

Ante el "elevado riesgo de apagón" total en Gran Canaria, provocado por el crítico envejecimiento de sus centrales (con hasta más de 25 años de antigüedad) y el constante déficit de potencia de reserva, el Gobierno de Canarias acelera la tramitación para instalar una central eléctrica flotante en el Puerto de Las Palmas.




La medida es considerada la "única y mejor solución" de emergencia disponible a corto plazo para atajar el problema de fondo: la demora en la renovación del sistema.

Urgencia por el Déficit y Fallos Previos

La alarma se ha disparado por la fragilidad del sistema insular. Casos recientes, como los múltiples "ceros energéticos" sufridos en La Palma y el apagón de La Gomera en 2023, demuestran la vulnerabilidad de las redes canarias. Gran Canaria, en particular, requiere unos 120 MW adicionales para neutralizar el peligro de un colapso.

El buque, de armador turco, aportaría 125 MW de potencia, cubriendo el margen de seguridad necesario que no se ha podido suplir con las soluciones de emergencia temporales (el "concurso exprés" de 60 MW adjudicado a DISA y Sampol) ni con la gran renovación pendiente del Ministerio para la Transición Ecológica, que acumula meses de retraso en su resolución.

La Batalla de las "Pegas": Ecología y Espacio Portuario

La central flotante, aunque urgente, ha desatado una notable controversia en la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento de la capital:

  • Impacto Ambiental: El buque opera mediante seis turbinas que queman gasoil. A pesar de que la Dirección General de Energía asegura que contamina menos que las centrales obsoletas actuales, la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, y otros actores han manifestado objeciones por motivos medioambientales.

  • Logística y Coste: La central deberá atracar en el Muelle Reina Sofía, ocupando cerca de 200 metros en un puerto ya colmatado. Además, el coste del alquiler supera los 10 millones de euros anuales y se prevé su estancia por un periodo de tres a cinco años hasta que se materialicen las soluciones definitivas a largo plazo.

La presidenta de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada, ha expresado su falta de entusiasmo por la medida, poniendo de manifiesto la difícil encrucijada entre garantizar el suministro eléctrico y gestionar las consecuencias logísticas y ambientales de esta solución extrema.





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