El grupo de Afectados por los Proyectos de Reparcelación y Urbanización del SUP Sector II de Arauz ha comunicado que tomará medidas legales si el Ayuntamiento de Telde autoriza la apertura del complejo deportivo de La Barranquera antes de que se haya completado por completo la urbanización en la que se encuentra.
En un comunicado enviado a los medios al comienzo de esta semana, el colectivo de afectados aclara que no tienen una actitud hostil hacia el complejo de La Barranquera, ya que, además de los futuros usuarios, ellos también se beneficiarán de esta "excelente instalación".
Además, reconocen que una infraestructura de este tipo reconfigura el espacio donde se encuentra, aumenta el valor de los terrenos circundantes, revitaliza una zona urbana deteriorada, genera empleo y suple la falta de instalaciones deportivas municipales en el centro de la ciudad. También admiten que durante el mandato actual han estado más cerca que nunca de finalizar las obras. Se han completado las obras de electrificación exclusivamente en la parcela del complejo deportivo, pero quedan por finalizar las del resto de la urbanización, que están avanzadas y cuentan con el presupuesto necesario.
No obstante, señalan que el proyecto de obra civil aún no ha comenzado su ejecución, a pesar de haber sido adjudicado hace más de una década, debido a la renuncia de la empresa adjudicataria. Es necesario reiniciar el procedimiento para una nueva adjudicación, lo que ha retrasado considerablemente el proceso de urbanización.
Además, agregan que, a lo largo de estos años, han colaborado de manera leal con la administración municipal para sincronizar los tiempos y lograr que la finalización de las obras y la apertura del Polideportivo de La Barranquera coincidan, pero desafortunadamente no ha sido posible, y en ningún momento han recurrido a la vía judicial.
Por todo esto, la asociación ha presentado un recurso al Ayuntamiento el pasado 5 de junio y advierte que recurrirá a los procedimientos legales correspondientes para defender sus derechos si se permite la apertura de la instalación sin que las obras de urbanización hayan concluido, lo cual sería un claro incumplimiento de la ley. Además, se exigen responsabilidades a los funcionarios o autoridades municipales que permitan esta situación.
"De ahora en adelante, cada uno debe asumir la responsabilidad de sus actos, ya que nosotros, los afectados, somos las víctimas y no los responsables de más de dos décadas de retraso en la finalización de las obras", concluyen.
.jpg)
