La Junta Electoral Central (JEC) ha tomado la decisión de eximir a los votantes que hayan reservado sus vacaciones antes del 30 de mayo, fecha en la que se convocaron oficialmente las elecciones generales de julio, de participar en las mesas electorales, siempre y cuando la cancelación suponga un perjuicio económico o un trastorno grave. Además, ha endurecido los requisitos para votar por correo.
Ante la coincidencia del adelanto electoral con el período vacacional de muchos ciudadanos, la JEC ha aprobado una instrucción de oficio que considera válida la excusa de haber contratado previamente unas vacaciones o de tener un viaje programado en el día de las elecciones para no formar parte de las mesas electorales.
Si la cancelación de las vacaciones implica un perjuicio económico o un trastorno grave para el solicitante, las Juntas Electorales de Zona (JEZ) podrán considerarlo como una excusa válida, siempre y cuando se garantice la plena integración de las mesas electorales.
El ciudadano deberá presentar documentación que acredite la contratación de las vacaciones antes del 30 de mayo, así como el perjuicio económico o los trastornos que le ocasionaría en caso de haber sido convocado para formar parte de una mesa electoral. El sorteo para la formación de las mesas se llevará a cabo entre el 24 y el 28 de junio, y la notificación se realizará dentro de los tres días posteriores a dicho sorteo.
Los votantes tendrán siete días para presentar sus alegaciones, las cuales se resolverán en un plazo de cinco días después de su presentación.
Estas dos nuevas resoluciones de la JEC van más allá de lo establecido en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). La decisión de admitir nuevas alegaciones para no acudir a una mesa electoral debido a las vacaciones surge después de que la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) solicitara, el pasado 30 de mayo, flexibilizar los criterios, argumentando que "las vacaciones son un evento familiar de especial relevancia y que resulta inaplazable", y que, de lo contrario, podrían generar un perjuicio económico significativo. La OCU instó a las Juntas Electorales de Zona a actuar de esta manera para evitar una avalancha de reclamaciones por cancelación de viajes.
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