Sebastián Franquis, consejero de Vivienda del Gobierno de Canarias en funciones, ha firmado un convenio con la Federación Canaria de Municipios (FECAM) y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para extender durante otros cuatro años el escudo social que previene los desahucios en las islas.
Durante la firma, Franquis destacó que este escudo social no se limita únicamente a las familias afectadas por la crisis económica derivada del coronavirus o la guerra en Ucrania, sino que también abarca a aquellas en situación de vulnerabilidad por otras razones, como la violencia machista, discapacidad o problemas económicos en familias numerosas.
Desde el año 2021, se han evitado alrededor de 1.300 desahucios mediante esta iniciativa. Para acceder a la ayuda, los ingresos deben ser inferiores a 1,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), que equivale a 11.862 euros al año.
El protocolo de actuación establece criterios para casos de alzamiento, desahucio o impago. Franquis recordó la situación de emergencia habitacional en Canarias durante los últimos años y resaltó que, a partir del 30 de junio, el actual escudo social dejará de estar vigente, por lo que se firma este convenio para ampliarlo.
Cuando se presente un expediente de desahucio por impago, la autoridad judicial deberá informar al Gobierno regional, quien actuará según su programa de viviendas disponibles. Además, el Gobierno canario ha adquirido 85 viviendas que podrán utilizarse en estos casos, ya sea para proporcionar una solución habitacional permanente, ayudar a pagar el alquiler o negociar con entidades bancarias y fondos de inversión a fin de permitir que las familias afectadas puedan acceder a un alquiler social asequible.
Los informes de los servicios sociales de los ayuntamientos confirmarán la situación de las familias beneficiarias. Franquis reconoció que la solución de fondo radica en la construcción de viviendas públicas destinadas principalmente al alquiler asequible, lo que ayudaría a reducir los precios.
Mari Brito, presidenta de la Federación Canaria de Municipios, hizo un llamado a seguir trabajando en colaboración con los cabildos, el Ejecutivo regional y el Consejo General del Poder Judicial para resolver los problemas habitacionales.
