La Guardia Civil de Gran Canaria advierte sobre las consecuencias legales y económicas que acarrea la movilización de recursos debido a falsas amenazas de bomba en los centros de educación secundaria de la isla.
Estas falsas alarmas, cada vez más comunes, están siendo perpetradas por jóvenes que buscan evitar los exámenes y cancelar las clases. Además, estos actos son incentivados por el deseo de aumentar la popularidad en las redes sociales mediante la grabación y difusión de los medios movilizados y sus consecuencias.
A pesar de que estas amenazas no son reales, los servicios de emergencia son activados con la máxima urgencia para evacuar a los estudiantes y acordonar la zona. Los infractores de este tipo de delitos incurren en el delito de desórdenes públicos y pueden enfrentar penas de prisión o multas.
Además, la movilización de recursos de emergencia tiene consecuencias administrativas y económicas. Cabe destacar que los autores de estos actos pueden ser identificados fácilmente mediante la investigación de los medios utilizados para realizar la falsa alerta.
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