La seguridad en los Programas Integrales de Empleo: una deuda pendiente
Por Domingo Rigüela Padrón
Los Programas Integrales de Empleo —los conocidos “personal de convenios”— nacieron como herramientas de justicia social. Sobre el papel, buscan ofrecer una oportunidad real a jóvenes sin formación, parados de larga duración mayores de 45 años y mujeres víctimas de violencia de género. Pretenden corregir desigualdades históricas. Sin embargo, en la práctica, estamos permitiendo que la urgencia por la inserción laboral eclipse un derecho básico: la integridad física de quienes participan en ellos.
Es alarmante comprobar cómo, dentro de estos programas, la prevención de riesgos laborales brilla por su ausencia y el uso correcto de los Equipos de Protección Individual (EPI) se ha convertido en una excepción. Lo más preocupante es que, cuando se señalan estas carencias, el sistema responde con excusas burocráticas y un silencio sindical difícil de justificar.
Conviene recordar que estos programas no se limitan a ofrecer un salario temporal. Su verdadero propósito es dotar al trabajador de experiencia, hábitos y competencias que le permitan acceder a un empleo estable en el sector privado. Pero ¿qué clase de experiencia estamos transmitiendo si permitimos que trabajen en condiciones precarias? Si un joven aprende que lo normal es trabajar sin protección, estamos exportando “vicios profesionales” y una cultura de la negligencia que lo hará menos empleable —y más vulnerable— en empresas que sí cumplen la normativa. La prevención es, también, una competencia profesional.
Hoy es habitual ver cuadrillas municipales donde los trabajadores solo llevan chaleco reflectante y guantes. Realizar tareas de mantenimiento o limpieza sin botas de seguridad ni protección ocular es una temeridad que ninguna administración debería tolerar. El chaleco aporta visibilidad, sí, pero el pie sigue expuesto a aplastamientos y los ojos a proyecciones que pueden causar daños irreversibles. Un EPI incompleto no es una protección parcial: es una negligencia total que genera una falsa sensación de seguridad en colectivos que, por su vulnerabilidad, ya tienen una baja percepción del riesgo.
Cuando se pregunta por estas deficiencias, la respuesta suele ser la misma: “falta de coordinación”. Un eufemismo que encubre una quiebra en la gestión. Pero surge una pregunta aún más incómoda: ¿dónde está la protección sindical? Resulta paradójico que, en entornos públicos, exista este nivel de desamparo. La falta de fiscalización por parte de los comités de seguridad y salud sugiere que, para ciertos sindicatos, estos trabajadores son “de paso”, y por tanto no merecen la misma defensa que el personal fijo.
Esta desatención afecta de manera distinta, pero igualmente grave, a cada colectivo. Los jóvenes menores de 30 años, con poca experiencia y baja percepción del peligro, normalizan hábitos inseguros que arrastrarán al sector privado. Los mayores de 45 años, con urgencias económicas evidentes, se exponen a lesiones que pueden sacarlos definitivamente del mercado laboral. Y las mujeres víctimas de violencia, que buscan autonomía y seguridad, se encuentran revictimizadas en entornos laborales donde su salud vuelve a quedar relegada.
Ni la administración puede escudarse en el desorden interno, ni los sindicatos en la temporalidad de los contratos. Un contrato de inserción no es un contrato de segunda. Los colectivos vulnerables no son mano de obra barata para tapar carencias municipales. Si los Programas Integrales de Empleo aspiran a ser una escuela de profesionalización, la seguridad debe ser la primera lección.
Ignorar la falta de botas o gafas bajo la excusa de “fallos de coordinación” o la pasividad sindical es una apuesta de riesgo donde el trabajador siempre pierde. Es hora de que ayuntamientos y representantes sociales entiendan que un chaleco reflectante no hace invulnerable a nadie, y que la temporalidad no elimina derechos.
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