La Justicia exime al Ayuntamiento de Telde de pagar una indemnización de 2,48 millones reclamada por Repsol.

 

El Ayuntamiento de Telde ha obtenido un respaldo judicial en el litigio que mantenía con Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A., después de que el Tribunal de Instancia (Sección Contencioso-Administrativo) número 2 de Las Palmas de Gran Canaria desestimara la reclamación patrimonial presentada por la compañía, que exigía una indemnización de 2.483.833 euros por el cierre de la antigua estación de servicio de Las Remudas.

La resolución judicial, fechada el 29 de junio de 2026, rechaza íntegramente las pretensiones de la empresa petrolera y también le impone el pago de las costas del procedimiento, con un límite de 3.500 euros.

La demanda tenía su origen en el cierre de la gasolinera, cuya actividad cesó de forma definitiva en marzo de 2015 tras el precinto ejecutado por el Consistorio. Repsol sostenía que esa actuación municipal le había ocasionado importantes perjuicios económicos después de que los tribunales anularan las licencias urbanísticas y de actividad de las instalaciones, por lo que solicitaba una compensación económica, además de los intereses correspondientes.

Sin embargo, la magistrada considera que la reclamación fue presentada fuera del plazo legal establecido para este tipo de procedimientos. En la sentencia se determina que el acto administrativo que dio origen al posible perjuicio fue el decreto municipal emitido el 4 de julio de 2014, mediante el que se ordenó el cese de la actividad y la demolición de las instalaciones, y no el precinto realizado meses después. Por este motivo, concluye que el derecho a reclamar ya había prescrito cuando la empresa presentó su solicitud de responsabilidad patrimonial.

El procedimiento judicial, iniciado en 2024, analizaba la responsabilidad del Ayuntamiento tras la clausura de una estación de servicio cuyas autorizaciones administrativas habían sido anuladas años antes por resolución judicial debido a deficiencias en su tramitación. Tras esa anulación, el Consistorio ordenó el cierre de la actividad y, ante el incumplimiento de dicha orden, procedió posteriormente al precinto de las instalaciones.

Tras conocerse el fallo, el alcalde de Telde destacó que la resolución evita que las arcas municipales tengan que asumir una indemnización cercana a los 2,5 millones de euros, una cantidad que, según señaló, podrá seguir destinándose a la financiación de servicios públicos, inversiones y proyectos de interés para la ciudadanía.

El regidor también subrayó que la sentencia respalda la actuación del Ayuntamiento y refuerza la seguridad jurídica de las decisiones adoptadas por la administración local, al considerar que se actuó conforme a la legalidad vigente y en defensa del interés general.

Asimismo, el Gobierno municipal quiso reconocer el trabajo desarrollado por la Concejalía de Asesoría Jurídica y los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento, cuyo asesoramiento y defensa procesal resultaron determinantes durante un procedimiento de notable complejidad y con importantes consecuencias económicas para las cuentas municipales.

Aunque la sentencia supone un importante respaldo para el Ayuntamiento, la resolución todavía no es firme y puede ser recurrida en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.