La entidad pública Puertos Canarios ha tomado la decisión de suspender el proceso de renovación de la concesión para la cementera, quedando esta decisión a la espera de las resoluciones judiciales. Esta medida, liderada por el consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, se anunció tras una reunión del ente público en el edificio Usos Múltiples II, frente al cual se manifestó el personal de la empresa Grupo de Cementos Especiales de las Islas (CEISA), que opera el puerto de Arguineguín con esta industria. Durante la manifestación, se corearon lemas como "Especulador Pablo Rodríguez", "Por nuestros derechos" y "Puerto industrial".
El director de Puertos Canarios, Manuel Ortega, recordó que el Gobierno de Canarias anterior había iniciado un expediente sobre la concesión del puerto de Santa Águeda a CEISA. Aunque se habían recabado informes, nunca se emitió un informe favorable. La situación se judicializó cuando CEISA presentó un recurso argumentando que se había producido "silencio administrativo". Además, el Grupo Cordial también presentó un recurso en defensa del uso deportivo del puerto.
El director Ortega destacó que la decisión de suspender el expediente se debe a los recursos judiciales pendientes. Esto implica que se iniciarán los trámites para la liquidación de la concesión y su posterior caducidad.
Para CEISA, esta situación cambia su estatus de una posición de interconcesiones a una situación de precario, lo que significa que la administración podría exigir su retirada en cualquier momento según las decisiones judiciales. A pesar de ello, Ortega subrayó que esto aleja a CEISA de la posibilidad de una nueva concesión.
Sin embargo, el resultado final queda en manos de la Justicia. Si los tribunales fallan a favor de CEISA, se abriría un escenario diferente, aunque Ortega enfatizó que los tribunales pueden exigir compensaciones pero no pueden otorgar concesiones, ya que esto es un acto de Gobierno.
En otro comunicado, la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias anunció la renovación de las concesiones para los puertos deportivos de Pasito Blanco en San Bartolomé de Tirajana y Puerto Rico en Mogán debido a su valor estratégico. Sin embargo, no mencionaron el puerto de Santa Águeda, que se encuentra en el centro de la controversia, ya que el cierre de la cementera podría tener un impacto en el empleo de alrededor de 600 familias.
Este conflicto ha generado un cambio de postura por parte del Partido Popular y Coalición Canaria en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, quienes en un pleno reciente rechazaron una moción para reafirmar los acuerdos del pasado mandato en contra del cambio de uso del puerto donde opera la cementera.
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