En un sorprendente giro en la fase final de la negociación de la ley de amnistía, la Audiencia Nacional ha acusado formalmente al expresidente catalán Carles Puigdemont y a la secretaria general de Esquerra Republicana de Catalunya, Marta Rovira, en el caso contra Tsunami Democràtic, calificándolo oficialmente como un delito de "terrorismo". El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha instado a Puigdemont a presentarse en el tribunal de la calle Génova antes de solicitar su suplicatorio al Parlamento Europeo, mientras que a Rovira la ha citado como investigada directamente.
Esta acusación formal se produce en un momento en el que Puigdemont y Rovira podrían beneficiarse de la amnistía que el PSOE está preparando para obtener el apoyo necesario para la investidura de Pedro Sánchez. La decisión de este lunes implica que al menos 24 acusados de terrorismo se verán afectados por la futura ley de amnistía, incluyendo a Puigdemont, Rovira y otros diez líderes del proceso independentista que también fueron imputados por Tsunami Democràtic, así como a los doce acusados en el sumario contra los Comités de Defensa de la República (CDR), cuyo procesamiento fue confirmado la semana pasada por la Audiencia Nacional.
El juez de la Audiencia Nacional ha destacado por primera vez el carácter terrorista de Tsunami Democràtic, lo que convierte a este tribunal en el competente para conocer del caso. García Castellón ha afirmado que Tsunami Democràtic "fue una organización estructurada, jerarquizada y con vocación de permanencia, cuya finalidad era subvertir el orden constitucional, desestabilizar económicamente y políticamente al Estado y alterar gravemente el orden público mediante la movilización social masiva". El juez sostiene que estas acusaciones encajarían con la calificación de "terrorismo" o "desórdenes públicos terroristas" desde una perspectiva provisional.
El auto del magistrado llega solo cuatro días después de que la Guardia Civil situara a Marta Rovira, que lleva años huida en Suiza, como la coordinadora y dinamizadora de Tsunami Democràtic junto a otras ocho personas. Sin embargo, en ese informe, Puigdemont no ocupaba un papel destacado.
No obstante, el juez argumenta en su auto que Puigdemont estaba informado en todo momento de la creación y objetivos de Tsunami Democràtic a través de su asesor de confianza, Josep Lluis Alay. García Castellón sostiene que el expresidente estaba al tanto de todos los movimientos de la plataforma, incluso del momento de su creación durante reuniones celebradas en Ginebra entre el 29 y el 31 de agosto de 2019. Según el juez, Alay mantuvo a Puigdemont informado en todo momento sobre el "grupo de coordinación" de Tsunami Democràtic. El líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, será citado como testigo para aclarar su conocimiento de esta reunión en Suiza, a la que no asistió en persona.
El juez destaca que el "rol de liderazgo de Puigdemont en Tsunami Democràtic" se puede inferir de conversaciones con líderes de la plataforma en las que discute la actitud de los dirigentes políticos catalanes con respecto a la publicación de la sentencia del proceso independentista. Un intercambio de mensajes con uno de los imputados, Josep Campmajó Caparrós, es considerado crucial por el juez para implicar al expresidente en la plataforma. Campmajó le advierte a Puigdemont que "Tsunami y tú" deben tomar el control o tendrán que "gestionar el precio de las bajas". La respuesta de Puigdemont es que están tratando de presionar al Gobierno. Estos mensajes han sido fundamentales para la decisión del juez.
Dado que Puigdemont es europarlamentario y, por lo tanto, goza de inmunidad, García Castellón ofrece al expresidente la posibilidad de presentarse voluntariamente en la Audiencia Nacional antes de solicitar el suplicatorio a Bruselas. Mientras tanto, Rovira y otros nueve individuos han sido citados como investigados en este caso.
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