Bomberos forestales de Gran Canaria denuncian precariedad laboral y falta de aplicación de la ley estatal.

El colectivo de bomberos forestales del Cabildo de Gran Canaria ha alzado la voz para denunciar una situación que califican de “cronificada” tras más de tres décadas de servicio. Entre sus principales reclamaciones destacan los bajos salarios, la inestabilidad laboral y la ausencia de un reconocimiento profesional acorde a la peligrosidad de su trabajo.

Según exponen, continúan regidos por un convenio firmado en 2003 que no se ajusta a las funciones que desempeñan en la actualidad, lo que consideran desfasado e insuficiente. A ello se suma la falta de aplicación de la Ley estatal 5/2024 de Bomberos Forestales en el ámbito insular, pese a estar ya aprobada y en vigor.

El conflicto también pone el foco en la falta de reconocimiento de su categoría profesional y en la no implantación de medidas como la jubilación anticipada. Denuncian que existen trabajadores que deberían haberse retirado conforme a la normativa, pero que siguen en activo. Desde Comisiones Obreras (CCOO) critican además que se les exige cotizar como bomberos —incluso con carácter retroactivo— sin recibir los beneficios asociados a dicha condición.

Otro de los aspectos que preocupa al colectivo es la seguridad laboral. Aseguran que carecen de protocolos específicos de prevención de riesgos y de medios adecuados, pese a enfrentarse a incendios en entornos urbano-forestales donde están expuestos a sustancias tóxicas. “Estamos en pañales en prevención”, afirman.

Las condiciones económicas tampoco escapan a sus críticas. Señalan retrasos reiterados en el pago de horas de localización, que pueden alcanzar las 700 anuales, con compensaciones que rondan los 1.500 euros al año y demoras de hasta dos años en su abono.

A esta situación se añade la falta de personal y recursos materiales, la temporalidad de los contratos y la necesidad de revisar las retribuciones, especialmente en intervenciones fuera de la isla. El problema se agrava en el contexto de Canarias, única comunidad autónoma donde las competencias en prevención y extinción de incendios forestales están transferidas a los cabildos desde 2001, generando cinco modelos distintos de gestión, uno por cada isla verde: Gran Canaria, Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.

Esta fragmentación, según denuncian, provoca descoordinación en la respuesta ante incendios y repercute directamente en las condiciones laborales del personal. Además, critican que el Gobierno autonómico aún no haya adaptado la normativa estatal aprobada en 2024, lo que deja a cada cabildo con interpretaciones dispares y dificultades jurídicas para su aplicación.

Desde CCOO llevan años reclamando una solución a este escenario y piden también frenar lo que consideran una invasión competencial por parte de la ERIF (Equipos de Intervención y Refuerzo en Incendios Forestales), cuya actuación en islas no capitalinas estaría desplazando funciones propias de los cabildos. El sindicato ha llegado a presentar una demanda por este motivo.

Durante una reciente concentración, los bomberos forestales reivindicaron mejoras urgentes tanto en sus condiciones laborales como en los medios disponibles para combatir incendios. “Pedimos respeto y justicia para un colectivo esencial”, subrayan, instando al presidente del Cabildo, Antonio Morales, a tomar medidas.

En el ámbito profesional, denuncian que actualmente están catalogados como operarios de medio ambiente, lo que repercute en sus salarios y complementos. “No cobramos como bomberos forestales”, lamentó Carmelo Déniz, miembro de la unidad operativa.

Por su parte, el consejero de Medio Ambiente del Cabildo, Raúl García Brink, asegura que desde la institución se trabaja para mejorar tanto los complementos salariales como la situación laboral del colectivo, dentro del marco legal vigente.