El empresario Miguel Ángel Ramírez se enfrentará a un juicio a partir del 4 de julio por un presunto fraude millonario que habría generado a la Seguridad Social y Hacienda entre los años 2012 y 2017 a través de su empresa Seguridad Integral Canaria. La Fiscalía ha solicitado una condena de 21 años y medio de cárcel, así como una multa de 105 millones de euros.
Este caso ha adquirido gran relevancia en los últimos años en Canarias, no solo por involucrar al propietario de un club de fútbol de Primera División (Miguel Ángel Ramírez es el presidente de la UD Las Palmas y accionista mayoritario), sino también por las implicaciones judiciales que ha generado.
Durante casi tres semanas, la Sección Primera de la Audiencia examinará detalladamente este caso, que ha captado la atención tanto a nivel local como nacional, siendo recogido por televisiones, agencias de noticias y periódicos digitales.
En el marco de este juicio, también se encuentra acusado Héctor de Armas, quien sustituyó a Miguel Ángel Ramírez como administrador único de la empresa en 2011.
La Fiscalía solicita una pena de 14 años de cárcel y una multa de 79,32 millones para él, argumentando que su nombramiento fue una simulación, ya que Ramírez continuó tomando todas las decisiones como propietario del 91% de la compañía.
Las acusaciones presentadas por la Fiscalía, la Seguridad Social, Hacienda y el sindicato USO se centran en demostrar que Ramírez y De Armas recurrieron sistemáticamente a prácticas fraudulentas en el pago de las nóminas a sus empleados, utilizando diversas artimañas para eludir los pagos correspondientes a Hacienda y la Seguridad Social.
Estas acciones buscaban maximizar los beneficios de Seguridad Integral Canaria, aunque esto implicara mantener una situación de precariedad para la mayoría de los trabajadores de la empresa.
Cabe destacar que este caso también ha estado involucrado en otras situaciones judiciales, como el intento del juez Salvador Alba de perjudicar la carrera de Victoria Rosell, la primera instructora del caso, quien finalmente resultó exonerada de las acusaciones en su contra.
Por otro lado, Salvador Alba perdió su condición de juez y actualmente cumple una condena de seis años y medio de cárcel por prevaricación, cohecho y falsedad documental.
Este juicio será un momento crucial para determinar la responsabilidad de Miguel Ángel Ramírez y Héctor de Armas en relación al fraude millonario a la Seguridad Social y Hacienda.
La sociedad estará atenta a los resultados y las consecuencias que puedan derivarse de este caso.
